La reciente Sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 10 de Febrero de 2017 lanza un serio aviso para frenar la posible frivolidad de quienes están llamados a valorar exámenes, pruebas académicas, y por extensión, ejercicios de oposiciones y concursos.

La sentencia condena a un profesor de universidad pública y a una funcionaria administrativa por delitos de prevaricación. Al profesor, como autor, por otorgar la calificación de sobresaliente a una alumna sin examinarse, y a la funcionaria, por cooperación necesaria, por hacer de mediadora ante el profesor y matricularla fuera de plazo a sabiendas de la finalidad perseguida.

El resultado para la alumna fue el aprobado de esa asignatura que fue el pasaporte para la titulación oficial.

Esta sentencia supone una llamada al orden y la seriedad. El funcionario, sea profesor o policía, tiene una labor que realizar y si la incumple, perjudica a la sociedad.